Sin Libertad de Enseñanza no hay Estado de Derecho

por Mario Candia

Desde hace ya algún tiempo, se viene dando la polémica sobre la cantidad de abogados. El año 97 se titulan aproximadamente 900 abogados, este año se titulan 2000.Ante todo este panorama decanos de varias universidades de Chile manifiestan su preocupación por la cantidad de abogados, la falta de aptitudes y capacidad de muchos de estos profesionales. Se proponen exámenes nacionales y se dictan autos acordados, que en su esencia agregan nuevos requisitos para ejercer esta profesión.Me pregunto ¿es la cantidad el problema o es la calidad de estos profesionales? Es aquí donde habría, como se dice en buen chileno "incar el diente". Sin lugar a dudas aquí radica el problema.Hace 10 años ya existían universidades privadas a las cuales sólo un grupo de jóvenes podía aspirar a cancelar los altos aranceles. Hoy existe varias facultades a lo largo de nuestro país que imparten esta carrera, con costos muy diversos que van desde los 300.000 a los 90.000. Permitiendo que muchos jóvenes puedan desarrollar su vocación de la abogacía.Sin embargo la preocupación de abogados ya titulados, con más de 30 años de ejercicio de la profesión, me parece desproporcionada y desprovista de razón.En Argentina existen por cada 10.000 habitantes un promedio de 35,3 abogados, en Brasil 28,1, para que hablar de países desarrollados como Estados Unidos, imagínense ustedes que en New York existen 20,4 abogados por cada 10.000 habitantes. Chile está muy por debajo del promedio con 13,3 abogados.Por todo lo anterior son exageradas la preocupación por la cantidad de abogados. Lo grave está en que la Corte Suprema dictó un auto acordado que en la práctica limita una actividad económica, porque queramos o no, el libre ejercicio de la profesión es una actividad económica, así también lo señala la Corte Europea al establecer que la profesión del abogado no es una función pública y que es esencialmente privada. Ergo si quisieran regular una actividad económica, debiera ser esta, a través de una ley, con un quórum especifico, dado que esta regulación es materia de reserva de ley.Es menester señalar que si queremos modernizar la justicia, con una pronta reforma civil, tributaria, administrativa, laboral; y si además pretendemos que la gente con menos recursos, acceda a una justicia más rápida y eficaz, ninguno de estos futuros abogados sobra.Es más, pareciera que lo que buscan en el fondo es asegurar el sueldo promedio, que no baje o siga bajando, pero están profundamente equivocados, pues seguirán esperando, ya que los tiempos han cambiado. Me hace muy feliz saber, que puedo trabajar a la par con un alumno de la universidad Bolivariana, Arcis, Humanismo Cristiano, los Andes, Desarrollo o Finis Terrae. Sólo de esta forma se explica, todo el esfuerzo en materias educacionales. Si es lo que buscamos, al fin y al cabo, que jóvenes que vienen de colegios municipalizados con bajos puntajes y calidad educacional, puedan llegar a la universidad. Es un privilegio sacar abogados de esos colegios, que han recibido una educación tan desigual; por eso ojo, calidad, control en la autonomía, y en la aprobación de programas por parte del ministerio. Ahí esta el problema, pues éstos se superan a priori no a posteriori.No quisiera terminar sin referirme a la libertad de educación, sólo mencionar dos líneas respecto a este tema. El rol 410 del Tribunal Constitucional establece que si la libertad de enseñanza es vulnerada, no existe propiamente tal Estado de Derecho. Por esto no nos asustemos, creamos en la subsidiariedad, dejemos que las personas creen, organicen y mantengan casas de estudio con sus propios idearios valóricos. Sólo mayor rigurosidad en la aprobación de estas, y de sus planes de estudio por parte del Estado. En consecuencia si éstas aprueban esta fiscalización no hay ningún problema, bienvenido sean profesionistas.