Instituto de DDHH podrá querellarse en crímenes contra garantías fundamentales
por Ricardo Salazar
El trámite del Instituto Nacional de Derechos Humanos finalizó al aprobarse en el Senado el veto aditivo de la Presidenta de la República, para perfeccionar la constitución de la entidad. El contenido del veto tiene que ver con la posibilidad de deducir querellas respecto de hechos que sean delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, desaparición forzada, tortura, tráfico de migrantes o trata de personas. De la misma manera, el veto permite al Instituto deducir recursos de protección y amparo, consagrados en la Constitución, aspecto que fue ampliamente debatido en la sala del Senado. Desde la oposición, el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, señaló su discrepancia con otorgar esta facultad al organismo, ya que la posibilidad de presentar querellas deberían quedar, a su juicio, en manos de las víctimas de estos delitos. “Se adoptó como criterio general que las querellas criminales son deducidas por las víctimas y lo que no hemos querido es dar la atribución de querellarse a terceros con el propósito de evitar que se rompa un principio que hemos establecido hasta ahora”, dijo el parlamentario. De hecho, Espina recordó que el Servicio Nacional de Menores y el Sernam no tienen esta facultad, aún siendo organismos que protegen los derechos de los niños y de las mujeres. En este sentido, el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, subrayó la importancia de que se le otorgue esta facultad a la entidad, dada la competencia que tiene. “Hay ciertos casos de extrema gravedad en que el legislador le entrega la facultad de querella a un organismo distinto del Ministerio Público. Entonces, cuando hay un delito de esa gravedad la querella ayuda a la investigación del fiscal y en ese caso hay dos entidades que trabajan en conjunto para llevar a cabo la investigación y la sanción del delito”, precisó el secretario de Estado. Por lo mismo, se planteó el hecho que esta institución refleja un debate sobre una mayor democratización del Estado y la posibilidad de reivindicar los derechos fundamentales. “El día que tengamos desaparición forzosa de personas, genocidio y otras cosas, vamos a estar en una dictadura y, por ende, el Instituto tendrá candados puestos en las puertas y varios de sus directores presos. Lo importante de esto es el espíritu que uno quiere dejar consignado de la vocación democrática y de la defensa de derechos humanos de este Parlamento, ese es el tema de fondo”, afirmó el senador PS Juan Pablo Letelier. La disposición forma parte de las quince observaciones que hizo la Presidenta de la República al proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos y que fueron aprobadas en primer término por la Cámara y después por el Senado. Con esto, el proyecto de ley quedó en condiciones de ser promulgado por la Presidenta de la República.