Presidenta Bachelet promulgó la Ley General de Educación

Mandataria hizo hincapié en que la norma es clave para generar cambios en materia de educación. Iniciativa considera, entre otros aspectos, que los sostenedores tendrán más controles.


“Esta ley pone el marco para generar los cambios”, con estas palabras la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley General de Educación (LGE) iniciativa que tras tres años de debate en el Congreso ve la luz.
La norma reemplaza a la controvertida Ley Orgánica Constitucional de Educación o LOCE que en el pasado fue clave en las protestas que realizaron los estudiantes secundarios.
La jefa de Estado aseguró que a partir de hoy “ya no va a ser posible que cualquier persona, sin ningún tipo de exigencia, pueda abrir un colegio y ningún niño o niña que curse educación parvularia o básica va a poder ser discriminado en ningún colegio que reciba financiamiento público”.
Añadió que esta ley, “regula derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, fija los requisitos exigibles en cada nivel educativo y además regula el deber del Estado de velar por una educación de calidad”.
A reglón seguido remarcó que “necesitamos profundizar el debate nacional respecto del mejoramiento de la educación pública” y ello exige “hacer un trabajo más arduo, más fuerte y sustantivo para mejorar la calidad de la educación pública”, lo que constituye un asunto clave para la cohesión social. Por ello añadió que una educación pública “gratuita, humanista, laica, moderna y de calidad que cuente con recursos financieros y educativos suficientes es sin duda esencial para poder construir un país más justo, igualitario y que además garantice libertades y derechos fundamentales, como el acceso a la educación de calidad”.
La LGE es considerada sólo una arista de la gran reforma educacional que impulsa el Ejecutivo, ya que para los próximos meses está pendiente la norma que establece el sistema de aseguramiento de calidad (en la cual se crea la superintendencia de educación y la agencia de calidad), mientras que la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública será un esfuerzo de largo aliento.
La nueva normativa reconoce, entre otros aspectos, la educación especial diferencial y la de adultos, así como la interculturalidad.
Uno de sus mayores cambios es que los sostenedores de los colegios tendrán más controles. Sólo podrán ser administradores quienes tengan, al menos, ocho semestres de educación superior.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090817/pags/20090817121659.html

Travesuras del Pleno:

I. UAC y UNCINF excluidas del grupo de Universidades que pueden tener licenciados titulados...!?
Abogados titulados en 3 meses ya equivalen al 50% de todo 2008Según la Oficina de Títulos de la Corte Suprema, entre enero y marzo se contabilizarán 755 entregas de diplomas; se estima que habrá un aumento explosivo durante 2009.
por Andrés López

Preocupación existe en la Corte Suprema por el aumento de abogados que juran semanalmente ante el pleno del máximo tribunal del país. Y esa sensación se ha acrecentado en los últimos días luego de quedar al descubierto que durante el año 2009 existirá un explosivo aumento de estos profesionales.Según cifras entregadas por el Poder Judicial, los abogados que juraron en enero y marzo ya llegan a 755, por lo que el índice de titulaciones supera el 50% de todos los juramentos registrados durante el año pasado, que alcanzó un total de 1.473 profesionales.Este aumento se debe a que en los dos primeros meses del año en curso se agendaron 16 sesiones en las que participan 45 egresados, y se espera que durante abril se gradúen otros 405 alumnos de Derecho.De cumplirse esa proyección, en los tres primeros meses de este año judicial (febrero es feriado en el Palacio de Tribunales) la suma de nuevos abogados llegaría a 1.160, lo que equivaldría casi al 80% de todos los egresados que participaron en los juramentos realizados durante el año pasado.Además, según las cifras de la Oficina de Títulos del Poder Judicial, hay una lista de espera de 500 personas que están en condiciones de titularse, y 150 que tienen abierto el expediente de juramento.A partir de mayo en adelante se celebrarán tres ceremonias al mes, por lo que el saldo final de 2009 alcanzaría las 2.240 titulaciones, lo que supera ampliamente lo que se registró en 2008.El aumento de egresos en Derecho es un fenómeno que fue abordado en la cuenta pública realizada por por el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín.En esa ocasión, el magistrado abrió el debate sobre la calidad y cantidad de abogados que egresan de las distintas universidades del país y cómo ésta afecta el ejercicio de la profesión.En esa ocasión, el magistrado abrió el debate sobre la calidad y cantidad de abogados que egresan de las distintas universidades del país y cómo ésta afecta el ejercicio de la profesión.En su discurso que dio inicio al año judicial, señaló que entre 1997 y 2008 han recibido sus diplomas 15.894 profesionales.Es por ese motivo que los ministros del máximo tribunal que integran el comité de modernización elaboran un paquete de medidas para enfrentar el aumento de abogados.Una de ellas podría ser la posibilidad de que los egresados que deseen titularse deban prestar un examen ante los jueces como requisito.Una de las tendencias que se registró el año pasado fue la creciente cantidad de titulados de universidades privadas, ya que de los siete primeros establecimientos educacionales sólo tres son estatales.Sin embargo, los planteles tradicionales lideran el conteo del total de abogados que prestaron juramento, siendo las dos primeras las universidades de Chile (164) y Católica (127).TITULACIONES POR UNIVERSIDADSegún las cifras entregadas por la Oficina de Títulos del Poder Judicial, el año pasado la Corte Suprema entregó 1.473 diplomas a egresados de 40 universidades de todo el país.Universidad de Chile: Es el establecimiento de educación superior que lideró el ranking de titulación, con 164 abogados en 2008.Estatales: Las otras dos universidades que siguen en el escalafón son la U. Católica, con 127, y la de Talca con 78.Privadas: Las universidades privadas con más egresos fueron la Diego Portales (75), Bolivariana (71) y Central (64).Requisitos: Para estar en ese grupo se debe impartir una carrera que tenga más de tres años de extensión. Fuera del sistema: Quedan excluídas del proceso las universidades del Aconcagua y Ucinf: ofrecen cursos especiales de un año. Total: Sólo 40 establecimientos están autorizados para entregar el título profesional de abogado.

II. El caso de Eduardo Yañez:

En un programa de televisión de la cadena Chilevisión, Eduardo Yáñez llamó a la justicia chilena "inmoral, cobarde y corrupta". Fue el principio de su largo calvario legal y de su lucha para derogar las leyes que se usaron para procesarlo, las de desacato. Han sido nueve meses muy duros.

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Fundamentos de la Denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile:

l.- La denuncia que se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se fundamenta en la realidad social, cultural y económica que afecta a los Egresados de Derecho de Chile y, particularmente, en la de un grupo de Licenciados en Ciencias Jurídicas a quienes la Excma. Corte Suprema de Justicia ha excluido del proceso normal de titulación, y rechazado sus solicitudes de otorgamiento del título profesional de abogado[1], no obstante que éstos cumplen con todos los requisitos exigidos por la ley para la obtención de dicho título.

2.- Fundamos la denuncia en el hecho que dichas decisiones atentan contra la igualdad ante la ley y vulneran la prohibición de discriminación, que el Estado de Chile se comprometió garantizar, hechos que, además, comprometen el contenido esencial de los derechos a la libertad de enseñanza y la libertad de trabajo. Lo anterior, se ha producido a consecuencia de una “recalificación” efectuada por la Corte Suprema de Justicia –no autorizada por la ley- “de la suficiencia de los requisitos que (tuvieron) a la vista (las) universidad(es) reconocidas por el Estado al conferir el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas a un determinado alumno”[2].

3.- No debe escapar al conocimiento de esta Comisión el hecho de haber sido dictadas las resoluciones que rechazaron las referidas solicitudes de juramento, en un proceso administrativo que no contempla los estándares mínimos del debido proceso contenidos en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente, al no contener mecanismos adecuados que permitan efectuar una revisión judicial de las decisiones lo que, consecuencialmente, ha favorecido el desborde inadecuado de los márgenes de la discrecionalidad debida.

4.- En el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH) se ha subrayado la necesidad de regular y restringir la discrecionalidad estatal. Se ha establecido que la labor de la Administración posee límites concretos y que, entre ellos, se encuentra el respecto de los derechos humanos.

5.- La presente denuncia que se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile es porque este último no garantiza el cumplimiento efectivo de las obligaciones contenidas en los instrumentos básicos en materia de derechos humanos del Sistema Interamericano, razón por la cual solicitamos, respetuosamente, se sirva hacer las recomendaciones y fijar el plazo dentro del cual el Estado de Chile debe tomar las medidas que le competen para remediar la situación examinada.

[1] De acuerdo al artículo 35 de la Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza del Ministerio de Educación Publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990, “el título profesional de abogado corresponde otorgarlo a la Corte Suprema, en conformidad a la ley”.
[2] Informe en Derecho efectuado por el abogado Arturo Fermandois V.