Reportajes de El Mostrador, hoy borrados en la web
04 de Marzo de 2009
Urbano Marín, presidente del Máximo Tribunal, enciende el debate
Los fundamentos que la Corte Suprema olvidó al criticar calidad y cantidad de abogados
Sobran juristas y un gran porcentaje no cumple los parámetros básicos para ejercer la profesión. Con estas críticas, la Corte Suprema abrió el año judicial 2009 provocando una inmediata reacción del mundo académico y el Mineduc. La ausencia de estadísticas y estudios empíricos que avalen el punto de vista de los "supremos" es la principal crítica que les hacen el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, y el abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. A favor de la postura del Poder Judicial se manifiesta el experto Pablo Ruiz Tagle. Son las distintas miradas de una discusión que recién comienza.
Por Claudia Urquieta Ch.
Actualmente existen casi 16 mil abogados en el país. Cifra que triplica el número existente en 1980. Pero esto no es sorpresivo: la masificación del sistema universitario ha permitido que las escuelas de derecho ya no sean exclusivas de ciertos sectores. El avance en el acceso de capas medias y bajas a la educación universitaria ha tocado incluso las puertas de las otrora exclusivas facultades de leyes, permitiendo un aumento en el número de jóvenes que optan por ser abogados. El mercado da para todos.
La cantidad y los niveles de calidad de los profesionales que se están titulando es harina de otro costal. Y genera profundos reparos y divergencias en los círculos jurídicos y académicos, donde es sotto voce el malestar por lo que se califica como una "degradación de la profesión". Aunque no es un tema nuevo, la discusión volvió a la agenda nacional esta semana, tras las críticas formuladas por el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, durante la inauguración del año judicial 2009.
En la ocasión, el magistrado aseguró que la preocupación del Máximo Tribunal, encargado de otorgar los títulos a los profesionales, se enfoca en el número de profesionales que se ha incorporado a la abogacía. Así como a la calidad de su preparación y a los riesgos que una "alta cantidad de letrados en competencia representan para la ética profesional. Este problema ha sido y debería seguir siendo objeto de estudio con el Colegio de Abogados, si bien eventualmente requiere de una iniciativa legal".
Poca rigurosidad en las aulas
Plenamente de acuerdo con estos planteamientos se manifiesta el abogado, Pablo Ruiz Tagle. El coordinador ejecutivo del consejo de Océanos Azules, considera que "hay problemas de calidad y exceso de titulados que no están preparados para ejercer. Lo he comprobado como profesor de Derecho Constitucional-de la Universidad de Chile- porque veo que lo que aprenden en otras universidades no es riguroso y no se plantea su rol como de colaboradores y con espíritu de servicio publico, sino como personas que sólo deben ganar dinero a cualquier precio".
Una de las opciones para evitar estos problemas y que ha sido estudiada por el Colegio de Abogados y la Corte Suprema, es la imposición de un examen obligatorio para todos los egresados -como sucede actualmente en Medicina- con el fin de imponer una vara más alta a los aspirantes al título. Pero aún no hay nada concreto.
Lo que sí se concretó fue la firma de un auto acordado por parte de los ministros de la Corte Suprema, el cual impide titularse de abogados a los alumnos que hayan terminado sus estudios en una institución donde han convalidado ramos, si ésta no ofrece todo el programa de Derecho, aduciendo que esta oferta no habilita para obtener el grado.
Cifras sin respaldo
No todos comparten las críticas de la Corte Suprema. El rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, asegura que lo que cabe preguntarse es si efectivamente en Chile existe un número desmesurado de abogados. "La respuesta es que no, si uno atiende a las estadísticas comparadas con otros países. Por eso la afirmación que formula el Presidente de la Corte Suprema es evidentemente errónea", explica el abogado.
Con cifras en mano, argumenta que de cada 100 mil habitantes, Chile contaba con 126 profesionales en el área en 2003, muy por debajo de la mayoría de los países de la región -por ejemplo Perú con 262 o Uruguay con 420) o Estados Unidos (370). Tendencia que no ha cambiado.
Según Peña lo que sí se puede comprobar empíricamente es que el número de abogados ha crecido desde fines de los ‘80 hasta hoy. "Pero eso es distinto a decir que sean demasiados".
Esta perspectiva es compartida por el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros. Barros asegura que es probable que los requerimientos de la sociedad hace unos años hayan sido distintos a los actuales. "Y si comparamos las cifras nacionales con las de otros lugares la proporción no es excesiva".
Desde el Mineduc, la Jefa de la División de Educación Superior, Sally Bendersky, señala que "no tengo cómo fundamentar esta crítica de la Corte Suprema, ya que no está basada en datos duros. Y los que nosotros manejamos nos alejan de esa apreciación".
Sobre todo porque, según explica la ingeniera, la política gubernamental apunta en sentido contrario. Es decir a aumentar la cantidad de alumnos de educación superior -que hoy sobrepasa los 700 mil-, ya que "el mayor acceso de las personas se ve como muy positivo".
¿Calidad o diversidad?
Por otra parte, esta curva ascendente se percibe en la mayoría de las carreras, lo que va de la mano con "la masificación de las profesiones que hemos experimentado. Antes estudiar en la educación superior era para una minoría en Chile y hoy es un fenómeno de masas. Lo que es muy razonable en una sociedad que se moderniza y expande las oportunidades", explica Peña.
Y advierte que "quizás los sectores más tradicionales ven esta diversidad como una crisis de la calidad. Y es natural que las minorías que gozaron de este privilegio se sientan amenazadas cuando éste se masifica. Pero no vaya a ocurrir que estemos asistiendo más a una masificación social que a un problema de calidad".
Por otra parte, Peña y Bendersky señalan que no existen estudios que evidencien la falta de calidad que acusa el Máximo Tribunal.
Lo que a ojos del rector de la UDP redunda en que "estas afirmaciones no tienen ningún rigor. Son razonables, las entiendo. Porque hay una preocupación más o menos difusa, pero lo que hay que hacer es estudiar el fenómeno con rigor. Y luego de que verifiquemos lo que está ocurriendo sugeriremos formas de mejora. Pero este tipo de afirmaciones genéricas sin ningún sustento empírico y algunas de ellas erróneas no ayudan a que el problema, si existe, se pueda resolver".
Para Enrique Barros, dentro del Colegio de Abogados están de acuerdo en que hay un problema, ya "que el título no está representando lo que tradicionalmente representó", ya que antes "la Corte Suprema podía garantizar ciertas habilidades profesionales y conocimientos básicos. Y eso no tenemos certeza que se esté cumpliendo con el sistema actual".
http://74.125.47.132/search?q=cache:nIehjuw0qYEJ:www.elmostrador.cl/index.php%3F/noticias/articulo/los-fundamentos-que-la-corte-suprema-olvido-al-criticar-calidad-y-cantidad-+los+fundamentos+que+la+corte+olvid%C3%B3&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=cl
05 de Marzo de 2009
Auto acordado en mayo de 2008
La jugada de la Corte Suprema para “limpiar” el mercado jurídico
A dos años del escándalo de la carrera de Criminalística, un caso similar viven egresados de Derecho. Pero esta vez el problema no es la falta de campo laboral. Sino una decisión de la Corte Suprema que decidió negar el título a los alumnos que finalizaron sus estudios a través de programas que para el Máximo Tribunal no dan la talla. El cambio a las reglas de juego es retroactivo, por lo que cientos de estudiantes se encontraron con la sorpresa después de haber pagado y finalizado todo. Ojo: aún está abierta esta opción en algunos planteles.
Por Claudia Urquieta Ch.
El 1 de septiembre de 2006, Carolina Valderrama inició un Programa Especial para Egresados de Derecho en la Universidad de Aconcagua. Estaba muy contenta porque la oferta era tentadora: le ofrecían estudios guiados que le permitirían rendir el examen de grado en un año y medio para obtener su licenciatura, que había reprobado en la Universidad de Viña del Mar en 2001.
En enero de 2008 tenía todo listo. Dirigió sus pasos a la Corte Suprema, con el fin de que revisaran sus antecedentes para que le entregaran el título. Pero luego de unos días se encontró con la sorpresa de que no aceptaban sus documentos. La única explicación fue que había algunos reparos.
Similar respuesta tuvo Juan Valladares, de 53 años. Valladares terminó sus estudios en 1980. Con cuatro hijos universitarios, decidió dar el ejemplo y terminar lo iniciado. Por eso vio en este programa una excelente salida. Sobre todo porque algunos de los profesores eran reconocidas personalidades jurídicas, como los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda y Mónica González, así como el fiscal jefe de Valparaíso, Pablo Gómez. Con semejantes credenciales, los profesores le otorgaban suma confianza.
Dos millones 400 mil pesos de inversión cancelados en 18 cuotas, 4 meses en que dedicó tiempo completo a estudiar y prepararse para rendir el examen de grado, fueron algunos de los costos que tuvo que pagar. Pero valía la pena.
Lo que no sabía Juan era que su destino ya estaba trazado. Porque a pesar de que presentó sus papeles en marzo del año pasado, la Corte Suprema no le otorgó el título en base a un acuerdo de los "Supremos" (auto acordado), firmado dos meses después, el 9 de mayo. El acuerdo niega la entrega del título a aquellos alumnos que hayan finalizado sus estudios en una institución que no ofrezca el programa de Derecho completo. Y como la Universidad de Aconcagua recién empezó esta carrera en 2007, todos los estudiantes del programa de Carolina y Juan se quedaron sin cartón. ¿Por qué? La medida es retroactiva, se enteraron.
En vista de esto, la casa de estudios decidió cerrar el programa y llegar a algún acuerdo con el alumnado.
El shock que vivieron los afectados -que sumarían unos 400, sólo en esa casa de estudios, de propiedad de Gonzalo Vial Concha, hijo del dueño de Agrosuper Gonzalo Vial Vial- fue de proporciones. Nadie entendía, aseguran los entrevistados, cómo era posible que las reglas del juego hubieran cambiado de la noche a la mañana. Y que los más de dos millones de pesos desembolsados en el programa se esfumaran en el aire. Sin contar el tiempo perdido ni los 6 o más millones que muchos ya habían invertido en sus planteles iniciales. Para peor, en medio de los vientos de crisis que luego la presidenta Michelle Bachelet calificaría como un serio "vendaval".
Por eso las conversaciones con la Universidad no se hicieron esperar. Tres son las posibilidades que les ofrecieron. Una, es que les devuelvan un porcentaje del arancel dependiendo de cada caso. Pero esto implica firmar una cláusula de confidencialidad y renunciar a interponer acciones legales y civiles en contra de la institución.
La otra opción es que tomen las acciones legales que quisieran. O que esperen hasta 2012, cuando estaría "todo resuelto", porque la Universidad de Aconcagua completaría los cinco años de la carrera de Derecho que exige la Corte Suprema. "¿Pero qué hacemos hasta cuatro años más?", se preguntan Carolina y Juan. Ambos diseñaron su futuro basado en una promesa académica que ahora parece desvanecerse sin la certeza de que en 2012 puedan titularse.
"Esta medida es muy compleja, porque es como hacerle un fraude a la Corte. O sea, somos los mismos alumnos a los que nos negaron los títulos, así que supongo que la idea es cambiarnos las fechas de egreso del programa", dice Valderrama.
Esta fórmula ya fue tomada por la Universidad Ciencia e Información (UCINF). Allí el auto acordado de la Corte también dejó una estela de heridos. Pero como este año la carrera de Derecho completa el ciclo, optaron por "alargar" un año el programa especial. Así, en marzo saldrá la "primera" generación de egresados aunque en realidad terminaron el año pasado. Entonces supieron que sus títulos fueron rechazados.
Para 2009 la UCINF tiene abiertas sus puertas a interesados en el programa cuestionado por los "Supremos". Aunque no está claro si la Corte les dará luz verde, ya que hoy sólo hay interpretaciones del auto acordado. Es decir, no existe claridad de lo que pueda pasar con esta nueva generación o lo que pueda determinar el Máximo Tribunal.
¿Quién corta el queque?
Si bien hay otros centros de estudio superior que se encontrarían en la misma situación, no fue posible confirmarlo. En el Ministerio de Educación (Mineduc) no tienen datos al respecto, por lo que tampoco hay cifras oficiales del número de afectados.
Según Christian Lucero, que luego de vivir en carne propia la situación en la Universidad de Aconcagua empezó un largo periplo buscando respaldo, unos dos mil estudiantes han sufrido las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema. Lucero enumera a alumnos de su Universidad, de la U de las Américas, la UNIACC, la Universidad Pedro de Valdivia y la mencionada UCINF. Pero sólo unos pocos se han coordinado, explica. Básicamente porque muchos prefieren no hacer mayor ruido para no poner en peligro sus trabajos, que en muchos casos están ligados a Tribunales. En otros, se trata de vergüenza, afirma.
Según la Jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, Sally Bendersky, los grados académicos otorgados por estas universidades son absolutamente válidos. Aunque el Mineduc reconoce la existencia del auto acordado, Bendersky explica que el tema no está cerrado: "Es una normativa interna modificable. Debemos conversar con la Corte".
Por otra parte, asegura que en el Ministerio no tuvieron conocimiento de esta decisión hasta que empezaron a llegar los reclamos directos, que por el momento suman unos 10, y aclara que está toda la disposición para "hacerse cargo de esta coyuntura".
Consultada sobre el daño que sufren muchas familias por casos como el de Criminalística -en que se ofreció un campo laboral inexistente- o éste, en que las reglas del juego cambiaron y aún así algunas Universidades continúan ofreciendo los programas, reconoce que "las facultades de fiscalización del Estado son bastante débiles y es parte del interés de esta gestión obtener el consenso de entidades relevantes para poder tener una supervisión más cercana de las instituciones de educación superior".
Pastelero a tus pasteles
En vista de los hechos, unos 50 afectados se coordinaron y están conformando una asociación gremial de egresados de Derecho. Para ello defender sus intereses contactaron a los abogados Nelson Caucoto y Hugo Gutiérrez, de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago.
Según adelanta Gutiérrez, la próxima semana presentarán un recurso de amparo económico en la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que "el derecho a ejercer cualquier actividad económica lícita se encuentra menoscabado por el auto acordado ya que en conformidad a la Constitución este derecho sólo se puede limitar a través de una ley", dice el abogado. "Esto es abiertamente ilegal", afirma.
Con esta mis a línea de defensa planean recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En cuanto al rol del Mineduc, Gutiérrez señala que "tiene mucho que aportar ya que han señalado que los alumnos tienen razón en cuanto a que son las universidades las que otorgan el grado. Y que la Corte Suprema no puede decir a cuál le corresponde o no hacerlo".
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Por Claudia Urquieta Ch.
Actualmente existen casi 16 mil abogados en el país. Cifra que triplica el número existente en 1980. Pero esto no es sorpresivo: la masificación del sistema universitario ha permitido que las escuelas de derecho ya no sean exclusivas de ciertos sectores. El avance en el acceso de capas medias y bajas a la educación universitaria ha tocado incluso las puertas de las otrora exclusivas facultades de leyes, permitiendo un aumento en el número de jóvenes que optan por ser abogados. El mercado da para todos.
La cantidad y los niveles de calidad de los profesionales que se están titulando es harina de otro costal. Y genera profundos reparos y divergencias en los círculos jurídicos y académicos, donde es sotto voce el malestar por lo que se califica como una "degradación de la profesión". Aunque no es un tema nuevo, la discusión volvió a la agenda nacional esta semana, tras las críticas formuladas por el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, durante la inauguración del año judicial 2009.
En la ocasión, el magistrado aseguró que la preocupación del Máximo Tribunal, encargado de otorgar los títulos a los profesionales, se enfoca en el número de profesionales que se ha incorporado a la abogacía. Así como a la calidad de su preparación y a los riesgos que una "alta cantidad de letrados en competencia representan para la ética profesional. Este problema ha sido y debería seguir siendo objeto de estudio con el Colegio de Abogados, si bien eventualmente requiere de una iniciativa legal".
Poca rigurosidad en las aulas
Plenamente de acuerdo con estos planteamientos se manifiesta el abogado, Pablo Ruiz Tagle. El coordinador ejecutivo del consejo de Océanos Azules, considera que "hay problemas de calidad y exceso de titulados que no están preparados para ejercer. Lo he comprobado como profesor de Derecho Constitucional-de la Universidad de Chile- porque veo que lo que aprenden en otras universidades no es riguroso y no se plantea su rol como de colaboradores y con espíritu de servicio publico, sino como personas que sólo deben ganar dinero a cualquier precio".
Una de las opciones para evitar estos problemas y que ha sido estudiada por el Colegio de Abogados y la Corte Suprema, es la imposición de un examen obligatorio para todos los egresados -como sucede actualmente en Medicina- con el fin de imponer una vara más alta a los aspirantes al título. Pero aún no hay nada concreto.
Lo que sí se concretó fue la firma de un auto acordado por parte de los ministros de la Corte Suprema, el cual impide titularse de abogados a los alumnos que hayan terminado sus estudios en una institución donde han convalidado ramos, si ésta no ofrece todo el programa de Derecho, aduciendo que esta oferta no habilita para obtener el grado.
Cifras sin respaldo
No todos comparten las críticas de la Corte Suprema. El rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, asegura que lo que cabe preguntarse es si efectivamente en Chile existe un número desmesurado de abogados. "La respuesta es que no, si uno atiende a las estadísticas comparadas con otros países. Por eso la afirmación que formula el Presidente de la Corte Suprema es evidentemente errónea", explica el abogado.
Con cifras en mano, argumenta que de cada 100 mil habitantes, Chile contaba con 126 profesionales en el área en 2003, muy por debajo de la mayoría de los países de la región -por ejemplo Perú con 262 o Uruguay con 420) o Estados Unidos (370). Tendencia que no ha cambiado.
Según Peña lo que sí se puede comprobar empíricamente es que el número de abogados ha crecido desde fines de los ‘80 hasta hoy. "Pero eso es distinto a decir que sean demasiados".
Esta perspectiva es compartida por el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros. Barros asegura que es probable que los requerimientos de la sociedad hace unos años hayan sido distintos a los actuales. "Y si comparamos las cifras nacionales con las de otros lugares la proporción no es excesiva".
Desde el Mineduc, la Jefa de la División de Educación Superior, Sally Bendersky, señala que "no tengo cómo fundamentar esta crítica de la Corte Suprema, ya que no está basada en datos duros. Y los que nosotros manejamos nos alejan de esa apreciación".
Sobre todo porque, según explica la ingeniera, la política gubernamental apunta en sentido contrario. Es decir a aumentar la cantidad de alumnos de educación superior -que hoy sobrepasa los 700 mil-, ya que "el mayor acceso de las personas se ve como muy positivo".
¿Calidad o diversidad?
Por otra parte, esta curva ascendente se percibe en la mayoría de las carreras, lo que va de la mano con "la masificación de las profesiones que hemos experimentado. Antes estudiar en la educación superior era para una minoría en Chile y hoy es un fenómeno de masas. Lo que es muy razonable en una sociedad que se moderniza y expande las oportunidades", explica Peña.
Y advierte que "quizás los sectores más tradicionales ven esta diversidad como una crisis de la calidad. Y es natural que las minorías que gozaron de este privilegio se sientan amenazadas cuando éste se masifica. Pero no vaya a ocurrir que estemos asistiendo más a una masificación social que a un problema de calidad".
Por otra parte, Peña y Bendersky señalan que no existen estudios que evidencien la falta de calidad que acusa el Máximo Tribunal.
Lo que a ojos del rector de la UDP redunda en que "estas afirmaciones no tienen ningún rigor. Son razonables, las entiendo. Porque hay una preocupación más o menos difusa, pero lo que hay que hacer es estudiar el fenómeno con rigor. Y luego de que verifiquemos lo que está ocurriendo sugeriremos formas de mejora. Pero este tipo de afirmaciones genéricas sin ningún sustento empírico y algunas de ellas erróneas no ayudan a que el problema, si existe, se pueda resolver".
Para Enrique Barros, dentro del Colegio de Abogados están de acuerdo en que hay un problema, ya "que el título no está representando lo que tradicionalmente representó", ya que antes "la Corte Suprema podía garantizar ciertas habilidades profesionales y conocimientos básicos. Y eso no tenemos certeza que se esté cumpliendo con el sistema actual".
http://74.125.47.132/search?q=cache:nIehjuw0qYEJ:www.elmostrador.cl/index.php%3F/noticias/articulo/los-fundamentos-que-la-corte-suprema-olvido-al-criticar-calidad-y-cantidad-+los+fundamentos+que+la+corte+olvid%C3%B3&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=cl
05 de Marzo de 2009
Auto acordado en mayo de 2008
La jugada de la Corte Suprema para “limpiar” el mercado jurídico
A dos años del escándalo de la carrera de Criminalística, un caso similar viven egresados de Derecho. Pero esta vez el problema no es la falta de campo laboral. Sino una decisión de la Corte Suprema que decidió negar el título a los alumnos que finalizaron sus estudios a través de programas que para el Máximo Tribunal no dan la talla. El cambio a las reglas de juego es retroactivo, por lo que cientos de estudiantes se encontraron con la sorpresa después de haber pagado y finalizado todo. Ojo: aún está abierta esta opción en algunos planteles.
Por Claudia Urquieta Ch.
El 1 de septiembre de 2006, Carolina Valderrama inició un Programa Especial para Egresados de Derecho en la Universidad de Aconcagua. Estaba muy contenta porque la oferta era tentadora: le ofrecían estudios guiados que le permitirían rendir el examen de grado en un año y medio para obtener su licenciatura, que había reprobado en la Universidad de Viña del Mar en 2001.
En enero de 2008 tenía todo listo. Dirigió sus pasos a la Corte Suprema, con el fin de que revisaran sus antecedentes para que le entregaran el título. Pero luego de unos días se encontró con la sorpresa de que no aceptaban sus documentos. La única explicación fue que había algunos reparos.
Similar respuesta tuvo Juan Valladares, de 53 años. Valladares terminó sus estudios en 1980. Con cuatro hijos universitarios, decidió dar el ejemplo y terminar lo iniciado. Por eso vio en este programa una excelente salida. Sobre todo porque algunos de los profesores eran reconocidas personalidades jurídicas, como los ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda y Mónica González, así como el fiscal jefe de Valparaíso, Pablo Gómez. Con semejantes credenciales, los profesores le otorgaban suma confianza.
Dos millones 400 mil pesos de inversión cancelados en 18 cuotas, 4 meses en que dedicó tiempo completo a estudiar y prepararse para rendir el examen de grado, fueron algunos de los costos que tuvo que pagar. Pero valía la pena.
Lo que no sabía Juan era que su destino ya estaba trazado. Porque a pesar de que presentó sus papeles en marzo del año pasado, la Corte Suprema no le otorgó el título en base a un acuerdo de los "Supremos" (auto acordado), firmado dos meses después, el 9 de mayo. El acuerdo niega la entrega del título a aquellos alumnos que hayan finalizado sus estudios en una institución que no ofrezca el programa de Derecho completo. Y como la Universidad de Aconcagua recién empezó esta carrera en 2007, todos los estudiantes del programa de Carolina y Juan se quedaron sin cartón. ¿Por qué? La medida es retroactiva, se enteraron.
En vista de esto, la casa de estudios decidió cerrar el programa y llegar a algún acuerdo con el alumnado.
El shock que vivieron los afectados -que sumarían unos 400, sólo en esa casa de estudios, de propiedad de Gonzalo Vial Concha, hijo del dueño de Agrosuper Gonzalo Vial Vial- fue de proporciones. Nadie entendía, aseguran los entrevistados, cómo era posible que las reglas del juego hubieran cambiado de la noche a la mañana. Y que los más de dos millones de pesos desembolsados en el programa se esfumaran en el aire. Sin contar el tiempo perdido ni los 6 o más millones que muchos ya habían invertido en sus planteles iniciales. Para peor, en medio de los vientos de crisis que luego la presidenta Michelle Bachelet calificaría como un serio "vendaval".
Por eso las conversaciones con la Universidad no se hicieron esperar. Tres son las posibilidades que les ofrecieron. Una, es que les devuelvan un porcentaje del arancel dependiendo de cada caso. Pero esto implica firmar una cláusula de confidencialidad y renunciar a interponer acciones legales y civiles en contra de la institución.
La otra opción es que tomen las acciones legales que quisieran. O que esperen hasta 2012, cuando estaría "todo resuelto", porque la Universidad de Aconcagua completaría los cinco años de la carrera de Derecho que exige la Corte Suprema. "¿Pero qué hacemos hasta cuatro años más?", se preguntan Carolina y Juan. Ambos diseñaron su futuro basado en una promesa académica que ahora parece desvanecerse sin la certeza de que en 2012 puedan titularse.
"Esta medida es muy compleja, porque es como hacerle un fraude a la Corte. O sea, somos los mismos alumnos a los que nos negaron los títulos, así que supongo que la idea es cambiarnos las fechas de egreso del programa", dice Valderrama.
Esta fórmula ya fue tomada por la Universidad Ciencia e Información (UCINF). Allí el auto acordado de la Corte también dejó una estela de heridos. Pero como este año la carrera de Derecho completa el ciclo, optaron por "alargar" un año el programa especial. Así, en marzo saldrá la "primera" generación de egresados aunque en realidad terminaron el año pasado. Entonces supieron que sus títulos fueron rechazados.
Para 2009 la UCINF tiene abiertas sus puertas a interesados en el programa cuestionado por los "Supremos". Aunque no está claro si la Corte les dará luz verde, ya que hoy sólo hay interpretaciones del auto acordado. Es decir, no existe claridad de lo que pueda pasar con esta nueva generación o lo que pueda determinar el Máximo Tribunal.
¿Quién corta el queque?
Si bien hay otros centros de estudio superior que se encontrarían en la misma situación, no fue posible confirmarlo. En el Ministerio de Educación (Mineduc) no tienen datos al respecto, por lo que tampoco hay cifras oficiales del número de afectados.
Según Christian Lucero, que luego de vivir en carne propia la situación en la Universidad de Aconcagua empezó un largo periplo buscando respaldo, unos dos mil estudiantes han sufrido las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema. Lucero enumera a alumnos de su Universidad, de la U de las Américas, la UNIACC, la Universidad Pedro de Valdivia y la mencionada UCINF. Pero sólo unos pocos se han coordinado, explica. Básicamente porque muchos prefieren no hacer mayor ruido para no poner en peligro sus trabajos, que en muchos casos están ligados a Tribunales. En otros, se trata de vergüenza, afirma.
Según la Jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, Sally Bendersky, los grados académicos otorgados por estas universidades son absolutamente válidos. Aunque el Mineduc reconoce la existencia del auto acordado, Bendersky explica que el tema no está cerrado: "Es una normativa interna modificable. Debemos conversar con la Corte".
Por otra parte, asegura que en el Ministerio no tuvieron conocimiento de esta decisión hasta que empezaron a llegar los reclamos directos, que por el momento suman unos 10, y aclara que está toda la disposición para "hacerse cargo de esta coyuntura".
Consultada sobre el daño que sufren muchas familias por casos como el de Criminalística -en que se ofreció un campo laboral inexistente- o éste, en que las reglas del juego cambiaron y aún así algunas Universidades continúan ofreciendo los programas, reconoce que "las facultades de fiscalización del Estado son bastante débiles y es parte del interés de esta gestión obtener el consenso de entidades relevantes para poder tener una supervisión más cercana de las instituciones de educación superior".
Pastelero a tus pasteles
En vista de los hechos, unos 50 afectados se coordinaron y están conformando una asociación gremial de egresados de Derecho. Para ello defender sus intereses contactaron a los abogados Nelson Caucoto y Hugo Gutiérrez, de la Corporación de Asistencia Judicial de Santiago.
Según adelanta Gutiérrez, la próxima semana presentarán un recurso de amparo económico en la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que "el derecho a ejercer cualquier actividad económica lícita se encuentra menoscabado por el auto acordado ya que en conformidad a la Constitución este derecho sólo se puede limitar a través de una ley", dice el abogado. "Esto es abiertamente ilegal", afirma.
Con esta mis a línea de defensa planean recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En cuanto al rol del Mineduc, Gutiérrez señala que "tiene mucho que aportar ya que han señalado que los alumnos tienen razón en cuanto a que son las universidades las que otorgan el grado. Y que la Corte Suprema no puede decir a cuál le corresponde o no hacerlo".
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Los fundamentos que la Corte Suprema olvidó al criticar calidad y cantidad de abogados (04 de Marzo de 2009)
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